Inquietud en Barcelona por la jubilación de policías en verano

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  • Un decreto del Gobierno puede rebajar este verano en 270 los agentes de la Urbana
  • Consistorio y mandos estudian cómo afrontar la alerta antiterrorista y el aumento de carteristas

La eventual jubilación prematura de hasta 270 agentes de la Guardia Urbana de Barcelona a las puertas de uno de los veranos más hiperactivos policialmente de los últimos años ha hecho que cunda la incertidumbre en el Ayuntamiento y en la cúpula policial. Si sucediera, el Consistorio y los mandos estudian ya cómo responder con garantías a las exigencias por la alerta terrorista y el previsible aumento de carteristas en coincidencia con el aumento de turistas en la ciudad.

El Gobierno se comprometió a finales de 2016 a aprobar en junio un Real Decreto que, de aplicarse, permitirá a agentes de policías locales de toda España avanzar su edad de jubilación de los 65 a los 60 años. Una medida, voluntaria, a la que podrían acogerse 20.000 agentes de todo el país, según cálculos del Ministerio de Empleo y de los sindicatos, estos últimos favorables a la medida. En el caso de Cataluña, esa cifra alcanzaría los 719 agentes de las 214 policías locales que existen, según datos del Departament d’Interior. Es decir, el 6,6% de todos los uniformados de Cataluña.

Barcelona -solo superada por Madrid en la eventual reducción- sería una de las ciudades más afectadas con el retiro de entre 240 y 270 policías. Unas bajas que, si se llevan a cabo, resultarán «prácticamente imposible» de cubrir a tiempo con nuevos policías y garantizar que se cubren todas las áreas, señalan fuentes de la dirección de la Urbana.

Un responsable municipal aseguró a este diario que desde mayo de 2016 el gabinete de Ada Colau ha reclamado reunirse con representantes del Ministerio de Empleo para saber cómo y cuándo se ejecutará el plan.También reclaman saber con qué medidas cuentan los ayuntamientos para contrarrestar los efectos de las jubilaciones voluntarias sin que, por el momento, hayan recibido ninguna respuesta del Ministerio.

Barcelona no está en contra de «la renovación» de la plantilla de la Guardia Urbana, insisten. Sin embargo, lamentan no saber «ni cómo se podrá sustituir a los agentes que se marchen para cubrir nuestras necesidades». Tampoco saben si las bajas serán paulatinas o si, como reclaman los sindicatos policiales, se ejecutarán de un día para otro, una vez se haya aprobado el Real Decreto.

Según recuerdan desde el Ayuntamiento, las plazas de las oposiciones vienen determinadas en parte por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y los límites que establece el propio Ministerio de Empleo. [Corrección] A lo largo de esta semana, precisamente, se han realizado las entrevistas para 49 plazas a las que pueden optar agentes de otros cuerpos. También están en marcha las pruebas para las 120 plazas que se ofertan para entrar en la Guardia Urbana. Un número de agentes insuficiente para cubrir la posible salida de los más de 270 veteranos que se podrían jubilar y que, además, no tendrían la formación suficiente para trabajar en la calle. Los que aprueben las oposiciones tienen que pasar ocho meses en el Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). Es decir, que nada podrían hacer durante un año para cubrir una temporada que ya ha comenzado.

Sindicatos y oposición han criticado al equipo de Ada Colau por «no haber actuado con previsión» a la hora de convocar las oposiciones, señala Eugenio Zambrano, portavoz de CSIF. Según sus cálculos, el Consistorio debería haber generado hace más de año y medio más plazas de las 120 que oferta ahora para superar los actuales 2.961 agentes con los que cuenta la ciudad. Algo que fuentes municipales desmienten al recordar que las oposiciones, congeladas hasta ahora, dependen de los Presupuestos Generales del Estado.

Para paliar la previsible merma de policías, el PP ha propuesto la creación de un cuerpo auxiliar profesional en la Guardia Urbana para liberar a los policías de tareas como movilidad, tráfico, incivismo o para ejercer de agentes de proximidad.Una medida contemplada en la normativa municipal y que, según cálculos sindicales, permitiría destinar a 200 auxiliares a trabajos que apartan a los policías de otras prioridades.

El déficit de agentes preocupa en el ayuntamiento, en esencia, por dos elementos prioritarios en la Guardia Urbana: las medidas extraordinarias tras los atentados del Estado Islámico (IS) en Europa y la previsible llegada de más carteristas por el incremento en el número de turistas.

Aunque carecen de competencias para luchar contra células terroristas, los agentes de la Urbana son, al mismo tiempo, objetivo terrorista y los primeros que deberían responder ante ataques como los de Londres o Manchester. Una reducción en la plantilla, avisa un mando, «mermaría nuestra capacidad de reacción».

Los atentados en destinos turístico tradicionalmente competencia de España como Egipto, Turquía o Francia sitúan también a Barcelona como uno de los destinos prioritario para viajeros y agencias de viajes. El Ayuntamiento contempla un incremento de visitantes acompañado de otro fenómeno, el de la llegada de decenas de carteristas. Según fuentes policiales, redes procedentes de Europa del Este reclutan desde hace meses a quienes enviarán este verano a Barcelona para aprovechar la mayor presencia de turistas. Una lucha para la que la policía local también se vería limitada.

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